Cinco buzos y un operador de buceo fueron multados en Malasia después de que un video del acoso de una turba a una tortuga marina se volviera viral en las redes sociales y causara indignación pública generalizada, sobre todo entre otros buzos y conservacionistas.
El incidente ocurrió en un sitio cercano a la isla Manukan, en el Parque Marino Tunku Abdul Rahman, en Semporna, al norte de Borneo, en marzo.
El Ministerio de Turismo, Cultura y Medio Ambiente de Sabah (KePKAS) ha emitido desde entonces “avisos compuestos” a un puñado de buceadores presentes, así como a la empresa que había organizado el buceo.
En Malasia, una notificación compuesta puede utilizarse para ciertos delitos como alternativa a un juicio. Ofrece la posibilidad de resolver un cargo no impugnado mediante el pago de una multa fija.
El acoso violaba la Ley de Vida Silvestre de Sabah de 1997, que protege plenamente a las tortugas marinas. Es ilegal que cualquier persona que no sea un guardabosques designado manipule tortugas adultas, sus huevos o crías.
Iniciativa TRACC
Fue el Centro de Investigación y Conservación Tropical (TRACC) En Semporna, se hizo un llamamiento inicial para localizar e identificar a los buceadores que aparecen en el vídeo de 30 segundos, grabado y compartido por un miembro del grupo de buceo. TRACC también notificó el incidente al Departamento de Vida Silvestre de Sabah y a Parques de Sabah.
El clip muestra lo que se cree que es un guía de buceo sosteniendo a la tortuga, claramente angustiada y confundida, desde atrás por su caparazón, mientras otros buzos tocan el caparazón y las extremidades de la tortuga y posan a su lado mientras lucha por liberarse.
Aparte de la posibilidad de que la tortuga haya necesitado respirar con urgencia durante el período de inmovilización, un estrés tan extremo para un animal puede ser perjudicial e incluso fatal.
Otro clip relacionado y más largo muestra a un miembro del grupo de buceo sujetando a un tiburón ballena en movimiento.
El Ministerio de Turismo calificó las acciones de los buzos de "irresponsables" y declaró: "Instamos a todos los operadores turísticos a asumir un papel más responsable para garantizar el cumplimiento de las directrices y regulaciones. El gobierno estatal mantiene su compromiso con la conservación del medio ambiente y ha advertido que no tolerará ninguna violación de las leyes de protección de la vida silvestre".
Se desconocen las sanciones impuestas, pero la multa máxima por este delito es de 50,000 ringgits (unas 8.700 libras esterlinas) y/o de uno a cinco años de prisión.
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